Ingresos corrientes

La recaudación total registrada en los ocho primeros meses de 2006 llego a Bs14.410 millones mientras que por este mismo concepto, las arcas del Estado recibieron sólo Bs9.965 millones durante el mismo período de la gestión pasada. Con estos resultados se cumplió con holgura la meta de recaudación ya que el Servicio Nacional de Impuestos (SIN) alcanzó un 121% de cumplimiento y la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) 115%. Entre los tributos que posibilitaron esta notable recaudación para el Estado destacan el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) –que alcanzó un crecimiento del 41,6% respecto a similar lapso de la gestión pasada-, los Regímenes Especiales (83%) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que superó en 22,7% el desempeño de la primera mitad de 2005.

Sobresale la aplicación efectiva del “Programa Fedatarios” como parte de las tareas de fiscalización del SIN, además de la incorporación del transporte interdepartamental de pasajeros al Régimen General para el pago de impuestos, con la obligación de emitir facturas a partir de mayo pasado. De igual manera, el gravamen arancelario se incrementó en 23% como consecuencia directa de una tarea más efectiva del Control Operativo Aduanero (COA) en las acciones de lucha contra el contrabando.

En este escenario, la presión tributaria – entendida como el total de las recaudaciones tributarias con relación al nivel del PIB- llegó a 16,7% porcentaje superior al total registrado durante todas las gestiones anteriores, a excepción de 2005 cuando las recaudaciones impositivas representaron un 20% del Producto, aproximadamente.

Considerando que la meta total de recaudaciones del SIN para 2006 está proyectada en Bs16.965,8 millones –de los cuales Bs7.594 millones corresponden a impuestos ordinarios de mercado interno que serán gestionados por el SIN-, el desempeño registrado en el semestre permite proyectar para 2006 un incremento del 13% con relación a la recaudación de impuestos del mercado interno alcanzada en 2005; con esto se podría lograr una presión tributaria equivalente a casi 21% del Producto hasta el final de la gestión.

La política de austeridad

Por el lado de los egresos totales debe destacarse la aplicación de la política de austeridad en el sector público –a través de los Decretos Supremos N° 28609 y N° 28618- que redujo los sueldos de las principales autoridades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial además de otras entidades de la Administración Central. En este proceso, se decidió también, la eliminación de los gastos de representación en el nivel jerárquico de la Administración Pública. Esta política –que fue complementada con otras acciones destinadas a aumentar los ingresos y hacer más eficiente el gasto- generó un ahorro total de Bs61.391.896, que se tradujo en la creación de 2.401 nuevos ítems de los cuales 1.622 fueron destinados al sector educación y 779 al sector salud.

La austeridad permitió ahorrar Bs11,3 millones en el Poder Ejecutivo; siguiendo el ejemplo del Presidente, el ahorro en otras entidades públicas llegó a Bs14,9 millones y en el Poder Legislativo sumó Bs30,8 millones. Además de todos los ministerios y el Congreso de la República, se sumaron a la política de austeridad el Defensor del Pueblo, la Corte Nacional Electoral, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Fondo de Inversión para el Deporte, el Servicio Nacional de Defensa Pública, la Superintendencia Civil, el Fondo Nacional de Inversión Productiva, los Institutos Nacionales de Estadística (INE) y de Reforma Agraria (INRA), las Superintendencias Agraria, Tributaria, de Pensiones, Valores y Seguros, la Aduana Nacional de Bolivia, el Servicio de Impuestos Nacionales, la Unidad de Análisis de Política Económica (UDAPE), el Servicio de Caminos, el Sistema Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE), el Servicio Nacional de Administración del Personal (SNAP), el Centro de Promoción Bolivia y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, entre otros.

Entre las acciones complementarias a la reducción salarial de las autoridades jerárquicas del Estado figuran:

i) la disminución del total del gasto público en el nuevo Presupuesto General de la Nación, aprobado mediante Ley N° 3391 de 10 de mayo de 2006, generando un ahorro de Bs12 millones con relación al aprobado en diciembre de 2005;

ii) la eliminación de los montos presupuestados en la partida de Gastos Reservados que quedaron como un saldo dela ejecución previa al 22 de enero de 2006, fecha en la que ingresó la nueva administración de gobierno; y

iii) la reducción de la nómina salarial de los funcionarios del servicio exterior que se tradujo en un ahorro total de Bs5.412.289.

En este escenario, los egresos totales (sin pensiones) del SPNF, se incrementaron en 10,1% durante el primer semestre del año como resultado de los mayores gastos en transferencias corrientes (57,7%), compra de bienes y servicios (46,1%), el aumento de los intereses generados por el endeudamiento externo (15.5%) y la inversión pública o egresos de capital (15,5%).

Política de redistribución de ingresos

En este caso debe destacarse el incremento salarial para salud y educación que prácticamente duplica el crecimiento del costo de vida del país. Este año, el gobierno nacional incorporó en el Presupuesto General de la Nación un aumento del 7% para estos sectores, además de fijar la creación de más ítems.

Este incremento representará al Tesoro General de la Nación un gasto adicional de Bs216,5 millones en educación y Bs41,5 millones en salud. En el caso de salud, el aumento en 2002 y 2003 llegó a 4%, al año siguiente fue de 3% mientras que en 2005 llegó a 3.5%. Para jubilados y derechohabientes, el gobierno aplicó un incremento de 5,37% aunque, por el carácter “inversamente proporcional” de la medida, los titulares y derechohabientes que perciben las rentas más bajas, obtuvieron un aumento mayor. De esta manera, titulares y derechohabientes (viudas e hijos) que perciben una renta menor a Bs1.179 se beneficiaron de un aumento equivalente al 7,63% lo que representa Bs90 adicionales a su renta mensual.

Un segundo grupo –los que perciben rentas entre Bs1.179 y Bs4.5043,9- obtuvieron un incremento que oscila entre 7,53% y 1,29%. Esto significa que se registró una disminución en el porcentaje del aumento en la medida que crece el monto de la renta, por lo que el ingreso adicional para este grupo bajó de Bs90 hasta llegar a Bs55. Finalmente, los titulares y derechohabientes con rentas iguales o mayores a Bs4.504 obtuvieron un incremento máximo de 0,48% que equivale a Bs30 adicionales. Es importante recordar que, de acuerdo a las normas en vigencia, ninguna persona en el país puede percibir una renta mayor a B7.974,5.

Para viabilizar este aumento se requerirá del Tesoro General de la Nación un gasto mensual de mas de Bs10,4 millones lo que, en los trece pagos del año (las 12 rentas mensuales y el aguinaldo) sumará más de Bs135,5 millones. Asimismo, debe destacarse la promulgación del Decreto Supremo N° 28700, que dispone un incremento real en el salario mínimo nacional equivalente al 13,6% con lo que subió de Bs440 a Bs500. Esta política salarial que entró en vigor a partir del 1° de mayo significa un esfuerzo de Bs103,1 millones para el Tesoro General de la Nación y Bs118,5 millones para el SPNF.

Lucha contra la corrupción y reducción del gasto en pensiones

Hasta julio el gasto en pensiones (que forma parte de los “gastos inflexibles a la baja” que debe cubrir el Estado), se incrementó en aproximadamente 4% con relación al mismo periodo de 2005. Este incremento está en concordancia con el ritmo de crecimiento estimado para el pago de pensiones a los jubilados y derechohabientes de acuerdo a lo establecido en el desaparecido Sistema de Reparto; esta situación obedece a factores como la aún elevada indexación de rentas al dólar estadounidense y los altos pagos por la compensación de cotizaciones.

Es importante señalar que en el proceso de reducción de gastos por el pago de pensiones, el Servicio Nacional de Reparto (Senasir) en coordinación con el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros, realizó una depuración de los beneficios que recibían rentas identificando un numero importante de cobros a nombre de personas fallecidas y nuevas nupcias –concepto entendido como el pago a una persona que una vez enviudada contrajo nuevas nupcias-, lo que permitió reducir el gasto en pensiones con relación al valor inicialmente estimado. En este sentido, durante el primer semestre del año se detectaron 402 casos de rentas percibidas de forma indebida, lo que significó un ahorro anual de Bs6,3 millones que equivalen a alrededor de USD783 mil.

Estas cifras evidencian que el pago de rentas por concepto de jubilación demanda un esfuerzo importante por parte del TGN; se calcula que esta obligación disminuirá lentamente durante las tres siguientes décadas.